No creo necesario recordar todos los sucesos que han llevado a que el Sr.
Gonzalo Sánchez de Lozada sea haya visto obligado a recortar su mandato
presidencial, llevando a que el Sr. Evo Morales la asuma finalmente en enero de
2006, sin embargo, creo que necesario puntualizar la imperiosa necesidad de
contar con una política de Justicia sometida a un Estado de Derecho.
En los últimos años se han generado una serie de hechos en los que, como de
costumbre fue la sociedad civil la que sufrió una caótica violación de
Derechos, incluso Constitucionales. Se obligaba a cerrar puestos de ventas,
usar corbata para ir al trabajo, salir a marchar bajo amenazas de que se tomen
represalias en contra de quienes eventualmente pudiesen negarse, bloqueos de
caminos, etc.
Con todo este panorama, no hemos tenido una justicia que saque la cara por
el ciudadano. Ni jueces ni fiscales han sancionado estos hechos, tanto de parte
del Gobierno como de los movimientos sociales. Es necesario reconocer que el
Poder Judicial no estuvo en su mejor momento, aunque –claro esta- buscó
redimirse con algunos fallos y conductas que permitieron llegar al momento
actual.
En todos estos hechos fue el Tribunal Constitucional quien tuvo una
conducta excepcional, aunque no como hubiéramos deseado pero que, de acuerdo a
las circunstancias y sobre todo, considerando las penosas actuaciones del Poder
Ejecutivo y Legislativo, fue el Poder del Estado que mejor sacó cara por éste.
No es necesario ahondar en lo mal que actuaron los Poderes del Estado ni en
la mediocridad cancerigena con la que sus autoridades lo conducen, sino que es
importante retomar el debate sobre estos temas a fin de que sea la Justicia
quien tome el mando en estos casos.
Por este motivo, iré desarrollando periódicamente cuál es el rol que
tenemos los abogados, juristas, magistrados, jueces y fiscales en el Estado de
Derecho y cuál debe ser nuestra posición como gremio ante la Razón de Estado.
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